En el marco de la agenda establecida para la visita a Corrientes del coordinador ejecutivo del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, Jorge Neme, se llevó a cabo una reunión técnica en la sede del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo para tratar temas relacionados con los proyectos públicos en cartera del gobierno provincial.
Participaron el titular del MPTT, Jorge Vara; el lic. Neme; el coordinador provincial del Programa, Daniel Soto Lutz y los técnicos del área Gestión de Proyectos Públicos del PROSAP, Juan Sosa, González Gebart y Alfredo Gomila.
Este encuentro tuvo lugar luego de ser recibidos más temprano por el gobernador Ricardo Colombi, con quien acordaron pautas de trabajo en la planificación de proyectos en cartera relacionadas con producción agrícola, biocombustibles y obras de infraestructura.
Estos temas fueron analizados más tarde en el MPTT, respecto de la ubicación geográfica de los proyectos y su impacto en la producción y en las economías regionales, los sectores con potencial de crecimiento e infraestructura de apoyo, evaluación económica de cultivos y clústers, tiempos administrativos de gestión y otros temas.
El objetivo de ambas jurisdicciones es optimizar al máximo las posibilidades para la provincia de acceso al crédito de organismos internacionales a través del PROSAP, de modo tal que puedan asignarse recursos a obras de infraestructura rural que mejoren los servicios agroalimentarios; más aún teniendo en cuenta que el Programa dispone actualmente de alrededor de US$1.500 millones a ser asignados a proyectos en distintas jurisdicciones.
En este esquema se inscribe el proyecto de ley que será tratado por la Legislatura local en el marco de las sesiones extraordinarias, por el cual el Poder Ejecutivo solicita una autorización para tomar asistencia financiera del BID y el Banco Mundial a través del PROSAP, por un monto de hasta US$ 150 millones.
Respecto del destino de los recursos, el PROSAP tiene claramente definidas las áreas de intervención técnica y financiera sobre las que se debe aplicar exclusivamente la inversión: riego y rehabilitación de áreas de riego y drenaje; infraestructura básica; caminos y electrificación rural; sanidad animal y vegetal; desarrollo comercial de productos agropecuarios; desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías; fortalecimiento institucional y de capacidad de programación del desarrollo agropecuario; recuperación de la capacidad productiva de pequeños productores afectados por emergencia hídrica y sistemas de información y de seguros agropecuarios.
Antecedentes
En 2009, el entonces secretario de Agricultura de la Nación, Carlos Cheppi, había comunicado a la Provincia que “se han generado las condiciones que permitan dar respuesta a las crecientes demandas de los gobiernos provinciales para el financiamiento de proyectos de inversión agropecuaria”. “La rápida puesta en marcha de estas iniciativas brindará igualdad de oportunidades para el acceso a estos recursos”, puntualizó el funcionario.
Si bien actualmente la provincia de Corrientes cuenta con una ley (Nº 5.159 sancionada en 1997) que autoriza a la toma de créditos en el marco del PROSAP por un monto de US$ 14 millones, parte de lo cual se aplica actualmente a obras en caminos rurales, la actualización de costos y los recursos disponibles hacen necesario la ampliación del monto; razón por la cual, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de Ley que autoriza a la Provincia a acceder a créditos a través del PROSAP por hasta la suma de US$ 150 millones.
"En función del avance realizado con el proyecto de desarrollo comercial (Fortalecimiento del Mercado de Concentración de Corrientes) y otras iniciativas, las autoridades provinciales evaluarán sin duda la necesidad de su ampliación, contemplando los recursos disponibles en el marco del PROSAPP II (Préstamos BID 1956/OC-AR y BIRF 7597-AR)”, sugirió y explicitó Neme en una nota enviada a la Provincia a fines de 2009.
Luego de esta apreciación, el Coordinador Nacional del PROSAP aclaró que se comunicaron con los distintos Gobiernos Provinciales en función de que “sin la debida planificación de los tiempos que insumen estas tramitaciones, se corre el riesgo de contar con proyectos aprobados por los bancos financiadores y no cumplir con los requisitos de elegibilidad provincial que permitan la ejecución de los mismos”; es decir, la autorización por ley y el convenio marco, entre otros.
En este sentido, cabe citar como ejemplo el caso de la Provincia de Mendoza, que cuenta con una autorización legislativa de US$ 300 millones para financiar sus planes de obras agrícolas, en tanto que Entre Ríos, contaba con una autorización de US$ 50 millones y está pronta a sancionar otros $103 millones que incrementarían notablemente sus posibilidades de acceso al financiamiento.
La gran mayoría de las jurisdicciones buscan acceder a los recursos a través del PROSAP, que tiene en ejecución US$ 467 millones actualmente y dispone de otros US$ 1.500 millones para bajar a las provincias (US$ 900 millones del BID y US$ 600 millones del Banco Mundial). “Los créditos se devuelven en un plazo no menor a 15 años, es decir que puede ser en más tiempo, con años de gracia y a tasa preferencial, lo cual implica tasas muy blandas con relación al mercado; tienen verdaderamente una amortización muy leve, con período de gracia”, puntualizó el coordinador de la Entidad de Enlace PROSAP en Corrientes, Daniel Soto Lutz.
Tras la audiencia con el Mandatario provincial, Jorge Neme se reunirá con autoridades y técnicos de la cartera productiva, donde desarrollarán un nutrido temario de trabajo, vinculado a los criterios de elegibilidad provincial para acceder al financiamiento, los proyectos PROSAP en la Provincia (en ejecución, en formulación, perfiles elevados al Programa, proyecto con ubicación en la geográfica provincial, etc.), y la temática relacionada al fortalecimiento institucional.
Criterios de elegibilidad a cumplimentar
En el marco del PROSAP, programa que implementa (a nivel nacional y provincial), proyectos de inversión pública social y ambientalmente sustentables con el objetivo de incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, la Provincia de Corrientes, al igual que el resto, debe cumplir con cinco criterios esenciales para acceder al financiamiento, establecidos en el Manual Operativo del Préstamo (MOP) del BID-Banco Mundial:
1) Ley provincial que habilite la toma del préstamo (autorización interna) por un monto determinado;
2) Documento Estrategia Provincial del Sector Agroalimentario (EPSA) en el cual se establezca la planificación para el desarrollo de los sectores productivos;
3) Autorización del Ministerio de Economía de la Nación dando cuenta de la capacidad de repago del préstamo por parte de la Provincia (autorización externa);
4) Entidad de Enlace PROSAP Corrientes (que administra e identifica los proyectos) y Entidad Provincial Administrativo-Financiera (que administra y ejecuta financieramente los proyectos ya individualizados sobre préstamos tomados); y finalmente,
5) Modelo aprobado por Decreto de Convenios de Préstamos Subsidiarios que firmará con el PROSAP.
El documento EPSA ya fue presentado al PROSAP (también forma parte del expediente elevado en la Legislatura) y en el mismo (tras el estudio desarrollado por Banco Mundial en Corrientes) se establecen claramente los sectores a fortalecer y desarrollar, esquema en el cual se prevén proyectos hídricos, tales como drenaje, saneamiento de cuencas y reservorios de agua para riego de diversas áreas productivas; sin detrimento de las obras energéticas y viales necesarias.
"En este escenario tenemos que avanzar con la autorización provincial para poder acceder al financiamiento; de todos modos, la Provincia recién estaría tomando el crédito cuando firme puntualmente los convenios y anexos con el PROSAP, pero sin la ley no podemos avanzar”, puntualizó Soto Lutz.
Detalles del proyecto de ley en Legislatura
El Coordinador local explicó además, la razón del articulado del proyecto; y puso el acento en los artículos 3º y 9º de la norma. “La autorización a suscribir los Convenios de Préstamos Subsidiarios con los organismos de financiamiento a través del PROSAP previsto en el artículo 3º se enmarca estrictamente en la autorización prevista en el artículo 1º, no implica una autorización extraordinaria; en todas las jurisdicciones provinciales el esquema se baja de la misma manera, teniendo en cuenta que es uno de los criterios de elegibilidad previstos por el PROSAP”, explicó Soto Lutz. “La Ley autoriza a Corrientes a buscar el financiamiento, de conseguirlo (por el monto que fuera dentro de los parámetros autorizados), se lo baja a un convenio subsidiario, porque el convenio primario en realidad es entre los organismos internacionales y el Gobierno Nacional”, agregó.
Con relación al artículo 9º, el funcionario local explicó que el Ejecutivo necesita la autorización para elevar los proyectos a nivel de factibilidad al PROSAP, teniendo en cuenta que sin esta habilitación sólo los puede elevar a nivel de perfil o bosquejo. “Poder proyectar a nivel factibilidad obras del orden de los US$ 100 millones y elevarlos, nos va a posicionar distinto de cara a la posibilidad de acceder al financiamiento”, explicó.
Respecto del destino de los fondos, Soto Lutz señaló que el Gobierno Nacional explicitó claramente las áreas de intervención técnica y financiera del PROSAP: riego y rehabilitación de áreas de riego y drenaje; infraestructura básica; caminos y electrificación rural; sanidad animal y vegetal; desarrollo comercial de productos agropecuarios; desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías; fortalecimiento institucional y de capacidad de programación del desarrollo agropecuario; recuperación de la capacidad productiva de pequeños productores afectados por emergencia hídrica; y sistemas de información y de seguros agropecuarios. “Nación no accederá a otorgar los préstamos a través del PROSAP a menos que se destine a alguna de estas áreas; no hay posibilidades de aplicarlo por fuera de este esquema”, remarcó.
En esta línea, aclaró que la sub-ejecución (ejecución por debajo de lo disponible) de estos recursos de origen internacional tienen un alto costo para el Gobierno Nacional; con lo cual, buscarán que sean aplicados en Corrientes u otras provincias. “Si Corrientes queda fuera del esquema, las demás jurisdicciones accederán a este financiamiento; Salta presentó proyectos por más de US$ 100 millones y no escatimará esfuerzos en acceder a la mayor cantidad de recursos posible”, concluyó Soto Lutz.
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