"No podemos entender cómo todavía no fue habilitada otra instancia para que sea respetado el derecho de acusación. La causa está demorada por un trámite de traducción desde hace meses", explicó a LA NACION el padre de la víctima, Alberto Malvino.
Ariel Malvino tenía 23 años cuando murió, el 19 de enero de 2006, en las calles del balneario brasileño de Ferrugem, en Brasil, donde había ido de vacaciones con un grupo de amigos.
Para el primer fiscal de la causa, Fabio Fernández de Oliveira Lyrio, se trató de un homicidio y acusó a los jóvenes correntinos Andrés Gallino, Horacio Pozo (h.) y Eduardo Braun Billinghurst como los partícipes del crimen y pidió la prisión preventiva de los sospechosos.
En enero de 2007, la primera magistrada que intervino en la causa, Eliane Cardoso Luis, aceptó la acusación del fiscal, pero rechazó el pedido de prisión preventiva para los tres sospechosos.
A partir de ese momento, la causa no avanzó. La burocracia trabó el expediente. El fiscal apeló el rechazo a la prisión preventiva, pero el Tribunal Superior de Santa Catarina, también por falta de traducciones, no resolvió el incidente.
Además, hubo cambios trascendentes: los primeros investigadores ya no están a cargo del expediente. Fernández de Oliveira Lyrio fue promovido a un cargo superior. Lo reemplazó Roberta Mesquita e Oliveira. El cargo de Cardoso Luis ahora es ocupado por la jueza Claudia Ribas Marinho.
La demora en la investigación se acentúo aún más cuando, por medio de la ley 11.689/08, en Brasil se modificó el Código de Procedimiento Penal en los denominados delitos contra la vida.
Modificatoria
La modificación legislativa exigió que desde el juzgado de Garopaba, donde se tramita el expediente, se les enviaran a los jóvenes acusados cartas rogatorias con un cuestionario (tipo declaración indagatoria) y unos requisitos para que fijaran domicilio legal en Brasil, para que designaran abogados defensores y para que, de existir, presentaran testigos a su favor.
Para enviar las cartas rogatorias a la Argentina se tuvieron que traducir del portugués al castellano las fojas en cuestión.
Para esa tarea, en octubre de 2008, la jueza Ribas Marinho designó, por medio de una resolución, al traductor Juan José Rodríguez. Según consta en el expediente, la magistrada tomó esa decisión porque el profesional, en la etapa preliminar, "demostró eficiencia".
Las rogatorias vía exhorto diplomático llegaron a Corrientes, donde la justicia federal se encargó de tomarles la declaración a los acusados.
Vía diplomática, las cartas rogatorias regresaron a los tribunales de Garopaba para que se hiciera el paso inverso: la traducción del castellano al portugués.
Ese trámite aún sigue stand by. Según informó el padre de la víctima a LA NACION, la jueza revocó la resolución por medio de la cual había designado perito a Rodríguez porque advirtió, según se supo, que no estaba en el registro de traductores públicos.
En noviembre pasado, la magistrada dejó de lado a una traductora que en 2007 se había negado a traducir partes del expediente con el argumento de que era insuficiente el pago por los servicios que se pretendían.
No pierden la esperanza
"A pesar de que la traductora tenía diez días para informar si aceptaba o rechazaba el ofrecimiento, llegaron a enero de 2010, dos meses después de la designación y no hubo una determinación", afirmó Malvino.
El padre del joven asesinado en Ferrugem no pierde las esperanzas de que de una vez por todas avance la causa judicial. Explicó que una vez traducidas las cartas rogatorias se podría llamar a declarar a los testigos de las partes y después la jueza podría decidir si hay acusación contra los sospechosos para poder formar el tribunal popular para el juicio.
"Lo importante de la última reforma del código de procedimiento penal es que se estableció que no es obligatoria la presencia de los acusados en el juicio, entonces nos ahorraríamos el trámite de extradición", aseguró un optimista Malvino.
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