“La norma — dijo Claudio Izaguirre — le otorga al drogadependiente la posibilidad de darse a sí mismo el alta en el momento que le parezca y tiene además la potestad de indicarle al profesional interviniente cual es el tratamiento que quiere para sí mismo.”
La Internación
“La internación — continuó Izaguirre — es considerada como privación ilegal de la libertad. La demanda familiar de internación no será considerada y solo podrá acceder a un tratamiento si éste lo pide, la que deben durar no más de 60 días, supervisada por un juez y la oficina de derechos humanos, amenazando con juicios penales y civiles a médicos y psicólogos.”
“Indica la ley — remarcó Claudio Izaguirre — que las internaciones deben realizarse en hospitales públicos, cosa inviable, dado que la estructura no se adecua a las necesidades de un enfermo adicto, ni los profesionales de esos nosocomios están preparados para cubrir la complejidad que supone la atención de éste tipo de pacientes crónicos.”
Equiparación desigual
“Equipara en igualdad — subrayó el presidente de AARA — a todos los que ostentan títulos de grado, sin marcar diferencias para la externación de un adicto entre una asistente social de un médico psiquiatra. Pero además la ley indica que el médico no puede presumir el riesgo de daño de un paciente, instrumento necesario para avanzar en un abordaje lógico para cada individuo.”
“Otro de los párrafos salientes — destacó el activista antidrogas —desguazará inmediatamente los centros de rehabilitación evangelistas, que cubren hoy por su gratuidad, las falencias estatales. Dice: ´Las derivaciones para tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a (sic) lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social o familiar´.
“La norma cuestionada, fue confeccionada a espaldas de la SEDRONAR y de las instituciones que brindan ayuda al drogadependiente, negándosele cualquier tipo de opinión e imponiendo al estilo imperial los pareceres de unos, en detrimento de la totalidad de las familias afectadas, que encontrarán a partir de la sanción de la presente ley sesgada la posibilidad de atención efectiva al enfermo adicto.”
Los médicos psiquíatras y psicólogos — finalizó Izaguirre —, ante la inminente sanción de del presente proyecto de ley, ven peligrar por cuestiones administrativas, no solo su título sino su propia libertad, impedidos además de aplicar el correcto tratamiento y sesgada la durabilidad de este, optando seguramente por dejar de atender a éste tipo de pacientes.
VER LEY DE SALUD MENTAL EN
http://www.asociacionantidroga.org.ar/gacetillas/leydesaludmental.htm
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