La interventora del organismo, Estela Regidor, brindó detalles sobre lo que denominó “la industria del juicio”, en la que una gran cantidad de fallos ordenaron pagar al beneficiario mucho menos de lo que el IPS le abonaba antes del reclamo. Más allá del resultado, el jubilado debe pagarle al abogado como mínimo $3 mil; en tanto que se le ordena al Estado pagar, por costas, $2 mil al abogado y otros mil pesos al perito.En el marco de las presentaciones judiciales por la liquidación de haberes y sus respectivos fallos, desde el Instituto de Previsión Social de Corrientes (IPS) aclararon una serie de puntos con relación a un esquema que, en muchos casos, termina siendo desfavorable para el beneficiario y favorece únicamente a los abogados o peritos que promueven las causas.
Es una gran cantidad de causas en las que los beneficiarios van directamente a la justicia, sin hacer el reclamo administrativo previo y el juez le determina una liquidación incluso menor a la que el IPS le estaba pagando”, puntualizó la interventora del organismo, Estela Regidor; tras lo cual aseguró que “los fallos de ningún modo son tantos como trascendió y mucho menos todos desfavorables al organismo”. Incluso, en diciembre de 2009, la justicia de primera instancia rechazó una medida cautelar de carácter colectivo iniciada por el Centro de Jubilados de la Provincia.
En este sentido, enumeró algunos casos como el de una docente jubilada de capital que cobraba $3.046,48, presentó una demanda reclamando un monto superior y el juez determinó que se le liquide sólo $1.272,20; con lo cual, perdió más de $1.700. Del mismo modo mencionó otros casos de jubilados de Administración Central, donde un pasivo pasó de cobrar $9.661,61 a $1.182,54 (perdió más de $8 mil); o la Dirección provincial de Vialidad, Salud Pública y otras reparticiones; en todos los casos, la pérdida de recursos para los beneficiarios va desde menos de $100 hasta miles de pesos.
“Estas personas cobraban los aumentos automáticos, e inducidos por el discurso de ciertos sectores interesados, avanzan con la vía judicial sin asesorarse en el IPS desde el punto de vista administrativo; y en ese marco, la justicia liquida de acuerdo a las leyes que invoca el abogado, que muchas veces no es lo que más le conviene al jubilado”, explicó la funcionaria provincial.
En estos casos, el beneficiario que ve reducido su haber también debe pagarle al abogado alrededor de $3 mil por el asesoramiento. “Además, el IPS debe pagarle por costas otros $2 mil al abogado y alrededor de mil pesos al perito”, cuestionó Regidor; lo cual, señaló, complica aún más las arcas del organismo previsional que necesita de estos recursos para volcar justamente al sector pasivo con un criterio equitativo. “En el esquema actual, que promueven ciertos personajes, pierden todos menos el abogado y el perito”, aseguró la interventora.
Tras criticar duramente la “industria del juicio” que ha montado cierto sector, Regidor insistió en la necesidad de que los jubilados, pensionados u otro tipo de beneficiarios se acerquen al Instituto y agoten la vía administrativa antes de avanzar con la instancia judicial, de modo que puedan arribar a la solución que más les favorezca.
El IPS está al servicio del beneficiario, es importante que se acerquen y consulten, de modo que se les indique cuál es el trámite que deben seguir; muchas veces se saltea la instancia administrativa que es de acceso directo pero fundamentalmente gratuito; no se necesitan gestores de ningún tipo que terminen siendo onerosos para el Estado y para los mismos beneficiarios”, puntualizó.
Ante esta situación, la titular del IPS aseguró que el objetivo de la administración provincial que asumió hace poco más de un mes es hacer que el mecanismo funcione y con ese objetivo se trabaja. “Vamos a hacer las liquidaciones como corresponde, estamos trabajando intensamente en una solución definitiva a los reclamos; pero el beneficiario tiene que entender que no necesita de ningún gestor que le cobre $3 mil o $5 mil para asesorarse; el IPS está a su servicio, y el asesoramiento es directo y gratuito”, remarcó.
Regidor recordó además que hay oficinas móviles en casi todas las localidades del interior, para atender a los casi 23.600 beneficiarios del sistema previsional, más allá de que el grueso esté registrado en la Capital correntina.
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