La lupa de la Justicia se posa cada vez más sobre el líder de la CGT, Hugo Moyano. El juez federal Claudio Bonadío allanó ayer la sede de la obra social de los camioneros (Oschoca) y las oficinas de la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Salud, en una causa donde investiga el supuesto cobro indebido de reintegros del Estado por la supuesta compra de costosos medicamentos para tratar enfermedades graves.
Los procedimientos se ordenaron después de que un peritaje estableció que más de 200 troqueles (comprobantes) de medicamentos presentados por la obra social ante la APE habían sido adulterados, lo que permitió cobrar más de 400.000 pesos de manera indebida.
Moyano negó que la investigación lo salpique: "Se habla de que hay troqueles falsificados. Ahora yo me pregunto: ¿cuando aparece un dólar falso, quién es el responsable? ¿Obama [Barack, presidente de EE.UU.]? ¿Qué sé yo quién hace los troqueles o quién hace las imprentas? Aparece un troquel trucho y yo estoy implicado en algo. Eso es un absurdo y no tiene sentido", aseveró.
El juez, no obstante, ordenó indagar como sospechosos por esas maniobras a dos auditores médicos de la obra social del gremio de Moyano -conducida por su mujer, Liliana Zulet-, quienes eran los que firmaron los expedientes presentados para el cobro, y a dos ex funcionarios de la APE que autorizaban los pagos. Ambos deberán presentarse el 20 y 21 de diciembre próximos.
"Por ahora", según dijeron fuentes de Tribunales consultadas, la imputación no alcanza a Zulet.
El procedimiento se realizó ante la sospecha de que la obra social del gremio hubiera presentado ante la Administración de Programas Especiales (APE) troqueles falsos de esos medicamentos. Ya sea porque se trató de una estafa y esos remedios nunca fueron administrados o porque se está ante un delito más grave y los pacientes recibieron remedios falsos. En todos los casos, se trata de medicamentos de alto costo para tratar el cáncer o el VIH.
El juez Bonadio también citó a prestar declaración indagatoria al dueño de Droguería Urbana, proveedora de la obra social de camioneros, Marcos Hendler. Le imputa el haber provisto troqueles falsos del medicamento Erbitux, destinado a tratar el cáncer, en cuatro expedientes de cuatro pacientes. "Es poca cosa comparados con los 200 troqueles que se cuestionaron", dijeron cerca de Hendler.
Los expedientes sobre los que deberá responder Hendler corresponden a Angel C., Fernando R., José Luis T. y Herminia E, pacientes de Oschoca y a los que La Nacion no identifica para no violar su intimidad.
Hendler aparece complicado en la causa porque en una conversación telefónica interceptada por la Justicia aparece hablando con una colega de otra droguería, Alexia Bergalli, gerente de Del Plata y procesada en una causa paralela. Le dice:
-Escuchame, necesito un favor, en camioneros perdieron 19 troqueles de Erbitux chico. ¿Podemos hacer algo?
-Sí, te los mando a hacer. ¿Querés que te diga cuánto salen?
-Decime y mandámelos a hacer por favor...
-37 cada uno los pago, sería 665.
-Dale, buenísimo, y eso ¿para cuándo calculás que está?
-Si los tiene, los tiene confeccionados. Los puedo mandar a buscar y los puedo tener a las 2 de la tarde, 3 de la tarde acá.
Ante la sospecha de que pudiera estar queriendo comprar troqueles falsos es que Hendler, cuya droguería es la principal proveedora de Camioneros, está citado a prestar indagatoria el 23 de noviembre.
En un escrito judicial, el empresario dio una explicación sobre esta charla. Reconoció que mantuvo la conversación, pero señaló que no encargó las falsificaciones. Indicó que la obra social de camioneros le pidió un favor ante la pérdida de troqueles y que luego esas cartulinas fueron encontradas, por lo que no fue necesario hacer nada más. Con estos argumentos piensa defenderse ante el juez.
Hendler, que además aportó 310.000 pesos a la campaña electoral de 2007 que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner, está citado también como acusado, por la misma escucha telefónica en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, situado un piso más abajo que el de Bonadio, por lo que pedirá a este último juez que postergue su interrogatorio.
Los allanamientos realizados ayer en la obra social de camioneros y en la APE, donde se secuestraron expedientes y documentos, se dispararon luego de que el juez recibió las conclusiones finales de un peritaje realizado sobre troqueles de Erbitux, del laboratorio Merck.
Las comparaciones entre los originales y los cartones abrochados a los expedientes APE presentados por la obra social de camioneros presentaban diferencias en la impresión, en el espacio entre las letras de la marca, en los códigos de barras y en el sistema utilizado para la impresión de las cartulinas.
Los troqueles que se analizaron correspondientes al medicamento en sus variantes de 50 y 100 miligramos eran falsos.
Esas inconsistencias hicieron que Bonadio fuera a fondo con las indagatorias previstas para la semana próxima, que incluyen a dos ex funcionarios de la APE, Oscar Cochlar, ex gerente de control estratégico, y José Scopinaro, que era su segundo.
No habrá encuentro del PJ bonaerense
En medio de duras peleas internas, Hugo Moyano ayer decidió suspender la próxima reunión formal del PJ bonaerense, prevista para pasado mañana en Mar del Plata. Según confirmaron a La Nacion altas fuentes sindicales, el líder del justicialismo provincial oficializará el anuncio cuando selle un pacto con el Gobierno para hacer un "encuentro ampliado" con la Presidenta y el gobernador Daniel Scioli. En la Casa Rosada temían que los intendentes que resisten al jefe de la CGT vaciaran la reunión o provocaran "un escándalo partidario". Con la suspensión, Moyano intentará poner paños fríos a las disputas hasta nuevo aviso.
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