“Estamos marcando una nueva tendencia en el accionar y no vamos a permitir que el Instituto se convierta en un negocio inmobiliario”. Los conceptos pertenecen al subinterventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, Bernardo Rodríguez, quién en su despacho improvisó una conferencia de prensa para dar a conocer puntualmente un caso que alcanzó trascendencia en la localidad de Curuzú Cuatiá, donde el organismo logró recuperar una unidad habitacional que fue vendida de manera irregular.
Rodríguez dijo al respecto que si bien “no es fácil detectar las irregularidades y tampoco hacer una caza de brujas”, la gente tiene que tomar conciencia que ”no es legal adquirir y vender una vivienda del INVICO ya sea tenedor precario o adjudicatario. Está expresamente prohibido”.
El caso en cuestión ocurrió en una finca del barrio 82 viviendas en Curuzú Cuatiá y fue detectado durante una recorrida de profesionales del área de sociales del Instituto, en respuesta a una denuncia que previamente habían recibido, la que señalaba que una vivienda había sido vendida por su adjudicatario.
En ese contexto, Bernardo Rodríguez comentó que “con sorpresa pudimos comprobar que la casa había sido vendido el día anterior, por lo que se solicitó la presencia policial y de una escribana para las actuaciones correspondientes”.
“Los propios moradores reconocieron la irregularidad y logramos acordar que entreguen las llaves, por lo que podemos decir que tenemos la vivienda recuperada”, acotó.
Precisamente, una de las funcionarias del INVICO a cargo del operativo informó que se trataba de una casa que había sido adjudicada a una familia que tiene un hijo discapacitado. El tenedor vendió esa casa y según se supo como parte de pago había recibido incluso un automóvil.
“Es la primera casa que podemos detectar que se había vendido y la podemos recuperar. Quiero destacar el accionar del área de sociales del Instituto y la valiosa colaboración que hemos recibido de la policía local”, sostuvo Rodríguez, quién aseveró que se van a tomar las medidas correspondientes, como primera medida “diez años de exclusión del padrón de postulantes para los que vendieron la vivienda, los que ni siquiera por ese lapso podrán estar en los sorteos”.
Rodríguez afirmó que los involucrados merecen una dura sanción. “Lo correcto es que si no necesitan o no quieren seguir habitando la vivienda, la entreguen y así poder disponer hacia otro correntino que realmente la necesite”, aclaró.
Para el subinterventor del INVICO, lo importante es que “hemos recuperado una vivienda para los correntinos. La vamos a disponer para una familia de la localidad de Curuzú Cuatiá que reúna los requisitos de adjudicación”.
También se dio tiempo para señalar que ante denuncias de ventas de casas entregadas recientemente en el barrio Pirayuí en capital, están trabajando al respecto, inclusive con el apoyo de la justicia, para lo cual las denuncias han sido derivadas a fiscales de turno.
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