Pruebas clave / Denuncian que quedará mucha gente desprotegida / Rechazan cambios en un banco de ADN

Es un centro de excelencia que funciona en el hospital Durand; una ley nacional recortó sus funciones y el personal se opone a acatarla

Por años fue un centro de excelencia que sirvió para restituir la identidad de miles de argentinos. Pero hoy está al borde de la desaparición por la pérdida de su propia identidad.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona desde 1987 en el hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires, fue el encargado de procesar las muestras de ADN de todo tipo de causas, desde las relacionadas con crímenes de lesa humanidad, por apropiación ilegal de personas durante la última dictadura militar, hasta los de crímenes complejos como la violación seguida de muerte, y las causas de filiación.

La ley del Congreso Nacional, del 18 de este mes y promulgada el jueves pasado, acotó la función de este banco sólo a causas de esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, que representan apenas el 20 por ciento del total de muestras procesadas por el banco. Además, el centro pasará a depender del Poder Ejecutivo Nacional, ya que estará bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Sus 34 empleados -entre bioquímicos, técnicos químicos formados en genética forense y técnicos administrativos- se niegan a aceptar el traslado y la limitación de sus tareas. Por eso, este centro, que es un referente en la materia, corre el riesgo de disolverse.

La directora del BNDG, Belén Rodríguez Cardozo, recordó a LA NACION que fue creado por pedido de Abuelas de Plaza de Mayo durante la presidencia de Raúl Alfonsín. "Originalmente, iba a estar destinado sólo a las causas de lesa humanidad, pero el Congreso lo abrió a la totalidad de los delitos porque entendió que la dictadura había causado estragos en toda la sociedad. Esto es volver atrás", aseguró Rodríguez Cardozo.

A la directora, que trabaja desde hace 16 años en el BNDG y hace cuatro que ocupa la dirección del banco, le preocupa qué pasará con el resto de las causas. "Acá se deja desprotegida a gran parte de la población, que tendrá que apelar a laboratorios privados. Los derechos humanos deben ser para todos, no para un grupo. Todas las personas tienen derecho a su identidad", dijo indignada.

Cada muestra cuesta $ 459, que es el monto fijado por ley por el Ministerio de Salud porteño. Según pudo saber LA NACION, en los laboratorios privados ese valor llega a triplicarse.

Según Rodríguez Cardozo, "los delitos de lesa humanidad no pueden ser los únicos a cargo de un organismo con esta trayectoria. Acá -dijo- contamos con la aparatología y el personal idóneo para encargamos de todo, como lo venimos haciendo desde hace más de 20 años".

Actualmente, el BNDG procesa por mes entre 40 y 50 muestras relacionadas con delitos vinculados a la apropiación ilícita de personas y entre 12 y 16 muestras de pericias judiciales y civiles por día. Además, almacena 18.000 muestras, de las cuales alrededor de 7000 están relacionadas con delitos de lesa humanidad.

Entre otras causas en las que participó este banco se cuentan los crímenes de Mara Matheu (violada y asesinada en Santa Teresita), de la joven Otoño Uriarte (violada y asesinada en Cipolletti), de Natalia Di Gallo (asesinada en Berazategui); de Natalia Melman (asesinada en Miramar); en la identificación de los restos de dos aviadores de Malvinas, y en la causa por el copamiento de La Tablada, entre otras.

Fuentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología explicaron a LA NACION que la reconversión del BNDG tiene por objeto acelerar el trabajo, modernizarlo y hacerlo más eficaz. "La investigación en genética ha avanzado mucho en los últimos años, y con el volumen de trabajo que hoy tiene el banco no hay margen para investigar e innovar en esta área".

Según indicaron en ese ministerio, a cargo de José Lino Baraño, hay causas de lesa humanidad que demoran hasta tres años. "La idea es descomprimir el trabajo. Hoy cualquiera puede ir y pedir una prueba de filiación y eso retrasa los tiempos cuando hay otros laboratorios donde puede hacerse ese análisis. Y con respecto a las causas relacionadas con delitos complejos, si un juez solicita la intervención del banco, el banco deberá intervenir."

Respecto de los tiempos, Rodríguez Cardozo dijo que los delitos de lesa humanidad son los más complicados pero que, "a lo sumo, demandan entre seis y ocho semanas. Es falso que se atrasan estas causas por encargarnos de las demás", dijo.

La ley fue sancionada finalmente por el Senado con 38 votos a favor y 20 en contra. Dos de los legisladores que mostraron mayor oposición fueron Luis Naidenoff (UCR-Formosa) y Sonia Escudero, (PJ-Salta). Además, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó una carta que fue leída durante la sesión en la que se oponía a esta reconversión.

"Desvirtúa la propia esencia de la creación del banco genético, que era para toda la sociedad. Es muy grave que pase a depender del Estado nacional, que es querellante en las causas de lesa humanidad", dijo Naidenoff. Y Escudero agregó: "Se están destruyendo 22 años de avances. Se va a desmantelar algo que funciona muy bien porque el equipo ya dijo que no va a aceptar el traslado. Si querían acelerar las causas de lesa humanidad, se hubiera creado un banco nuevo".

Qué dice la ley

Ambito funcional: el Banco Nacional de Datos Genéticos funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del gobierno nacional.

Objeto: garantizar la obtención, el almacenamiento y el análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983.

Gratuidad: los servicios prestados relacionados con las funciones establecidas serán gratuitos.

Imstrumentación: el Banco Nacional de Datos Genéticos mantendrá afectados íntegramente sus bienes, derechos y obligaciones, así como todos los datos e información registrados en su archivo. Los funcionarios y empleados podrán optar por permanecer en sus cargos y tareas en el nuevo ámbito funcional, y les reconocerán su antigüedad y cargos.